El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha presentado en la jornada de hoy los resultados y conclusiones del Informe Especial sobre la Situación de la Provincia de Teruel en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno de Aragón en la capital turolense.

A la misma han asistido representantes del tejido económico, político y social de la provincia.

En el acto, Angel Dolado ha señalado su “más enérgico deseo que de una vez por todas, nos tomemos en serio la situación de nuestro interior. Dando todo el apoyo a quienes apuestan por Teruel y los territorios que sufren la despoblación, y coordinando las actuaciones de la administración.”

Con la idea de lograr una unidad de acción ha propuesto la creación de una figura independiente que gestione las acciones a desarrollar en Teruel pues como ha destacado

“No se puede seguir yendo cada uno por su lado, buscando un rédito electoral en cada iniciativa, y teniendo unas administraciones y unos representantes más preocupados de mirar hacia arriba, hacia sus superiores políticos, que hacia sus representados: los ciudadanos.”

El lugarteniente del Justicia, Javier Hernández ha desgranado cada punto del Informe, que consta de dos partes diferenciadas: la compilación de estudios precedentes y el trabajo de campo con la información solicitada a administraciones y agentes económicos y sociales.

Las conclusiones del Informe, ocho en total, así como el contenido integro del mismo será llevado a las Cortes de Aragón, así como a los Gobiernos de Aragón y España, Cortes Generales y Defensor del Pueblo.

1. Es incuestionable la preocupación social en la ciudadanía turolense, que ha llevado, y sigue llevando, a múltiples movilizaciones ante la evidente problemática por la carencia de infraestructuras y servicios vitales y de un desarrollo económico adecuado y planificado. Todo ello, en el marco en ese fenómeno que hoy afecta a gran parte de la España interior, en torno al que gira, tanto como causa como consecuencia: la despoblación.

Sin embargo, se nos generan dudas sobre si la percepción de la situación del territorio y su población es igual en sus autoridades y administraciones, y si la falta de respuesta a la solicitud de información requerida desde el Justiciazgo para la realización de este informe es un síntoma de ello.

Tras esta reflexión cabe concluir que se tiene la sensación de que no hay equiparación entre la inquietud y malestar mostrado por la ciudadanía y la actitud de los poderes públicos al respecto, en este caso, como en tantos otros, es la sociedad civil la que ha debido actuar ante la lentitud, cuando no pasividad, o incorrecta actuación de las distintas administraciones, sirviendo de acicate a éstas para que, en muchas ocasiones, hayan comenzado a impulsar iniciativas desde la ciudadanía demandadas.

Desafortunadamente, estas iniciativas no siempre se han realizado de manera coordinada entre los poderes públicos y la sociedad civil, de manera que se generen sinergias y den respuesta a las necesidades de la ciudadanía y no se realicen actuaciones aisladas fruto de egos particulares.

2. En línea con lo anterior, es de resaltar que se ha trabajado mucho y bien en el análisis de la situación actual de la provincia de Teruel, tanto desde las distintas administraciones como desde múltiples entidades privadas y colectivos sociales, pero en muchos momentos se ha actuado sin un objetivo común, dispersando y malgastando medios económicos y humanos, que, con una adecuada dirección conjunta, con claros fines y objetivos comunes, a buen seguro habrían logrado mayores logros.

Se hace, en consecuencia, necesaria la puesta en marcha de un instrumento de coordinación de todas aquellas propuestas y proyectos, que debería partir desde un análisis previo de las necesidades reales del territorio y su población, el cual tuviera verdadera capacidad ejecutiva para la materialización en el territorio, al margen de vaivenes políticos temporales, y previa la determinación de las correspondientes potestades administrativas bajo el instrumento normativo oportuno, que solvente las duplicidades de actuación que hoy en día se dan entre distintas administraciones y/o colectivos.

3. La puesta en marcha de grandes proyectos (MotorLand, Aeropuerto de Teruel, Territorio Dinópolis) se han demostrado acertadas, pero necesitados de grandes inversiones a medio plazo que pueden haber consumido grandes esfuerzos económicos, que diversificados hubieran podido llegar a una mayor zona geográfica y poblacional. No debe dejarse de lado la puesta en marcha de este tipo de macroproyectos, pero deben ser compatibles con otras muchas actuaciones de menor entidad, en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, como ocurre ya en Sarrión o Castelserás, que logren un mayor alcance territorial y poblacional y así garantizar el equilibrio territorial y no una mayor polarización de los núcleos de desarrollo.

4. La presión ciudadana debe llevar a que las distintas Administraciones, y en especial el Gobierno de Aragón, trasladen tanto a la administración central española como a la Unión Europea la situación real de la provincia de Teruel y su población, y la necesidad de dotarla de aquellas infraestructuras, no únicamente viarias, con el impulso del Corredor Central Europeo, sino especialmente de acceso a sistemas de comunicación digital de última generación, que puedan llevar a sacarla del aislamiento en cuanto a comunicaciones que en la actualidad sufre en gran medida, lejos de los meros datos estadísticos que muchas veces encubren, cuando no falsean, la realidad cotidiana de un territorio tan escasamente poblado.

Esta conclusión queda reforzada por la demanda de la ciudadanía de que la distribución de fondos del FITE se ha realizado sin dicha participación ciudadana. Lo que ha podido contribuir, además de la insuficiente dotación, a que el logro del objetivo del equilibrio territorial con el que se creó este Fondo no se esté consiguiendo como señala la Cámara de Cuentas.

En relación con la distribución de Fondos Estructurales Europeos, la Administración Estatal responsable, junto con las Administraciones Autonómicas y la sociedad civil organizada deben constituir un “lobby” conjunto que defienda ante las Instituciones Europeas con reparto de Fondos Estructurales Europeos que tenga en cuenta factores como la despoblación y con ello el aumento del coste relativo para la prestación de los servicios esenciales a la población, con el objeto de garantizar la sostenibilidad económica- social y medioambiental y el equilibrio territorial. Los datos macroeconómicos a nivel de Comunidad Autónoma/ región en la Unión Europea, no constituye una base adecuada para la distribución de los recursos con el objeto de garantizar el equilibrio territorial ya que se debe tener en cuenta que dentro de las Comunidades Autónomas/ regiones existen desequilibrios territoriales internos que deben corregirse previamente. Esto mismo debería ser aplicable a la determinación y distribución de los fondos de la Política Agraria Común.

De no efectuar una dotación económica adecuada, que permita corregir los desequilibrios territoriales internos, nos alejaremos del ansiado objetivo de lograr la cohesión territorial a nivel autonómico, nacional y europeo.

5. Sectores como la sanidad y la educación requieren un particular y especial tratamiento en la provincia de Teruel, de tal forma que la situación demográfica no sea un elemento que prive a la población del acceso a los servicios que en otras zonas más pobladas se consideran habituales, y ello aun a costa de un sobrecoste en la prestación, aunque sea con un mayor coste que en el resto de Aragón. En este ámbito se hace necesario potenciar e incentivar la permanencia de los trabajadores públicos en sus puestos de forma continuada en el tiempo, mediante incentivos que potencien la residencia en las localidades en las que se preste servicio, asentando de esta forma población, y consiguiendo la implicación en los tejidos sociales de aquellas localidades en las que se ejerce la función pública por este personal.

6. La planificación económica de aquellas zonas de la provincia que irremediablemente se van a ver afectadas en los próximos años por necesarios cambios en su actividad motora principal (zonas mineras), deberá afrontarse desde una visión realista sin falsas esperanzas de continuidad., que permita acometer nuevas estrategias globales para esas comarcas, evitando nuevos fallidos proyectos que se han demostrado ineficaces. La potenciación de iniciativas privadas, o público-privadas, deberá ser asumida por las distintas administraciones, con su apoyo, y, en la medida de lo posible, financiación.

7. La despoblación de la provincia, como la de gran parte del resto de territorio aragonés, es un fenómeno que debe admitirse no va a ser fácil solventar a corto o medio plazo, y que las políticas tendentes a ello deben partir desde lo local, hacia lo autonómico y nacional, pero sin olvidar que las primeras, las pequeñas actuaciones que en cada pequeño municipio puedan llevarse a cabo, sumadas unas a otras, y con la debida coordinación desde comarcas y la provincia, supondrán al menos el mantenimiento poblacional actual, cuando no ser el germen para la recuperación.

En definitiva, habría que preguntarse si la falta de servicios vitales de calidad, de infraestructuras y de un desarrollo económico planificado es la causa de la despoblación o son el efecto de esta. Todo parece indicar, que existe una relación bidireccional entre ambos y que en la búsqueda de su equilibrio dentro de un contexto con recursos limitados debe estar la clave para empezar a enfrentar la despoblación.

8. Pero todo ello no debe llevar a ver únicamente las deficiencias que pueden existir en el territorio, sino también las realidades de progreso y las potencialidades de futuro que existen sin duda alguna en la provincia de Teruel, y que en muchos casos ya se encuentran en fase de desarrollo cuando no de total explotación. Situación estratégica en el noreste español, recursos ilimitados en energías renovables, fácil acceso a grandes zonas industriales del norte y levante español, tejido social emprendedor con posibilidades educativas adecuadas a proyectos de innovación, son solo unos de los muchos aspectos positivos con los que cuenta la provincia de Teruel y que con un adecuado apoyo, difusión, fomento y puesta en valor servirían para el desarrollo adecuado de un territorio y una población como la que en la actualidad, y de futuro, conforman la provincia de Teruel.