El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, abrió de oficio un expediente el pasado día 8 de junio, a la vista de la resolución número 2018-01 de 25 de mayo de 2018 publicada en el BOA, en la que se daba respuesta conjunta a todos los recursos al Instituto Aragonés del Agua sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas, con el objetivo de garantizar que no se hubieran visto vulnerados los derechos de los ciudadanos aragoneses que reclamaron.

Analizado el asunto desde diferentes puntos de vista jurídicos, el Justicia entiende que aunque la acumulación de recursos es correcta, dado que se han comunicado de forma individual aquellas peticiones que no eran homogéneas, debería realizarse una notificación personal a cada uno de los afectados.

El Instituto Aragonés del Agua justificó este proceder por entender que existía un interés general que amparaba su comunicación a través de la publicación en el BOA, sin embargo, la doctrina y jurisprudencia, determina que este interés publico ha de ser tenido en cuenta cuando se trata de un número indeterminado de destinatarios, que no es el caso, y además, aunque así lo fuera “su publicación no sustituye a la notificación individual, sino que la complementa” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández).

Por ello, y con el fin de garantizar a los ciudadanos que han reclamado sus derechos, se sugiere a la administración que corrija su proceder y notifique de forma individual a cada reclamante.