Desde esta Institución se adoptó la decisión de incoar el presente expediente de oficio con la finalidad de recabar la información necesaria a fin de llevar a cabo un estudio/informe de los Puntos de Encuentro Familiar en Aragón y del Centro de Asistencia Integral a la Familias (CAIF), su funcionamiento, su influencia y labor que realizan en el ejercicio de los sistemas de custodia de las familias sometidas a procesos de ruptura para su adaptación, así como su intervención en la forma y medios con los que cuentan para solventar los conflictos que surgen tras la misma.

De igual modo se pretendía analizar cuáles eran las necesidades de dichos centros, si contaban con los medios necesarios para el ejercicio de su labor y las propuestas que puedan efectuar para un mejor ejercicio de sus funciones a la vista de los problemas que se les pueden presentar en su día a día.

De dicho análisis hemos de señalar en primer lugar que desde la Administración responsable del mantenimiento de la red, se considera que el funcionamiento de los Puntos de Encuentro en Aragón se está desarrollando dentro de la normalidad, con las dificultades propias de la prestación de un servicio público de esta naturaleza, en el que el conflicto en las relaciones familiares puede complicar la intervención.

Manteniendo que para aquellas familias que han sido derivadas al PEF, este se convierte en un recurso adecuado para la adaptación al sistema de visitas en casos de rupturas conflictivas y, en última instancia, para lograr la normalización de las relaciones familiares en lo que a custodias se refiere.

Hay mayores reticencias en otras Administraciones que intervienen, fundamentalmente en materias relacionadas con violencia de género, así como en asociaciones de juristas y usuarias de estos Puntos de Encuentro Familiar, si bien los principales motivos de queja radican en cuestiones derivadas de la cohabitación en los locales de supuestos derivados de separaciones y divorcios contenciosos con supuestos derivados de violencia de género, en la percepción de falta de seguridad derivada de este hecho y en la consideración de que no se tiene en cuenta que los niños y niñas son también víctimas de la violencia y, en ocasiones, se les está obligando a relacionarse con su victimario.

No hay quejas, sin embargo, más allá de las relativas a la falta de flexibilidad que en ocasiones muestran los profesionales de los PEF a la hora de propiciar cambios en los acuerdos de separación o divorcio derivados de causas excepcionales, que tengan que ver con lo que, desde nuestro punto de vista es el punto débil de los PEF: la necesidad de que los profesionales que desarrollan su trabajo en el PEF se impliquen en la labor de alcanzar la normalización de las relaciones entre los progenitores y sus descendientes favoreciendo el equilibrio emocional de estos últimos, dándoles voz en la negociación sobre la reorganización de la familia disuelta y capacitando a ambos progenitores a mantener la relación mínima entre ellos que les permita mantener una sana relación con los menores sin necesidad de acudir a un PEF, todo ello sin menoscabar la autoridad y bajo la supervisión de la entidad judicial o administrativa derivante.

Desde el Justiciazgo, consideramos necesaria una mayor profundización en la posibilidad de que los equipos técnicos de los Puntos de Encuentro Familiar llevaran a cabo las intervenciones psicológicas, sociales, educativas, jurídicas o de mediación necesarias para capacitar a las personas usuarias y beneficiarias para la resolución o el manejo de sus conflictos y para mejorar las relaciones entre ellas, con el objeto de que puedan desarrollar, sin apoyo externo, el régimen de visitas, tal y como ya se recoge en la Ley 26/2018, de 21 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.

Asimismo, consideramos conveniente que desde la Administración se elaboren y aprueben Cartas de Servicios comunes a todos los Puntos de Encuentro Familiar de Aragón en las cuales -aparte de los derechos y deberes de los usuarios, se recoja expresamente y aparte del circuito propio de la entidad adjudicataria, un circuito de presentación de quejas y sugerencias directamente ante la Dirección General competente en el que se garantice el anonimato de la persona denunciante en la medida que no sea imprescindible desvelar la identidad para resolver el caso concreto y en el que queden definidos los plazos de respuesta.

En cuanto a los locales en los que se realizan las funciones de los Puntos de Encuentro Familiar, ya hemos señalado la necesidad de que su ubicación responda a criterios de seguridad (calles transitadas e iluminadas, accesos sin recovecos…) y accesibilidad (preferiblemente locales en planta baja, céntricos con buena red de transporte…).

Pero dicha accesibilidad debe complementarse con la cercanía a los domicilios de los menores, máxime en un territorio tan extenso y disperso como es nuestro Aragón; así, creemos que hay que incidir en la apertura de PEFs en las cabeceras comarcales (atendiendo a las estadísticas de divorcios contenciosos) para facilitar la existencia de PEF cercanos a las familias que los necesiten, y en todo caso, coordinarse con los Servicios Sociales Comarcales que puedan prestar este servicio.

Por otro lado, somos conscientes del esfuerzo presupuestario que supondría crear una red exclusiva de Puntos de Encuentro para los supuestos de Violencia de Género, pero tal y como recoge el Pacto de Estado esta sería la situación ideal y debería estudiarse fundamentalmente para aquellas localidades o entornos donde la incidencia de casos sea mayor, exigiendo al Gobierno Central el incremento de las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al citado Pacto de Estado.

No obstante, como medida alternativa mientras esto no sea posible hay que reforzar los protocolos específicos en materia de Violencia de género para que la seguridad de las víctimas y el superior interés de los menores queden asegurados.

Por último, en relación con el personal que presta sus servicios en los Puntos de Encuentro Familiar se debe hacer un esfuerzo para mejorar sus condiciones laborales tanto en materia de seguridad como de conciliación, así como de estabilidad en el empleo, para evitar el alto índice de rotación Por otra parte, si se pretende reforzar las funciones de los equipos psicosociales y potenciar su intervención en la resolución de los conflictos familiares habrá que tender al aumento de plantillas sin descuidar, en ningún caso, su cualificación, así como su formación continuada y evaluable, potenciando la formación en violencia de género para poder dar respuesta adecuada a las específicas necesidades que estos supuestos conllevan.