El Justicia de Aragón es una de las cuatro Instituciones básicas de autogobierno de la Comunidad Autónoma, junto al Presidente, el Gobierno o Diputación General y las Cortes.
Esta posición, así como su dilatada historia, hacen de El Justicia de Aragón una entidad singular en la organización institucional española.
Las funciones de El Justicia son la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía; la tutela del ordenamiento jurídico aragonés; y por último la defensa del Estatuto de Autonomía.
Su carácter de institución; frente a la de comisionado parlamentario, tradicional de los defensores del pueblo, así como las originales dos últimas funciones, conforman su identidad.
El actual Justicia de Aragón, a diferencia del histórico, no juzga ni dicta sentencias, sino que a través de la fundamentación de sus resoluciones ejerce una magistratura moral.
En el cumplimiento de su competencia en defensa de los derechos de los aragoneses, el Justicia de Aragón debe supervisar la actuación de las Administraciones públicas aragonesas (entre ellas, la propia Administración autonómica, las Diputaciones Provinciales, las Comarcas y los Ayuntamientos), bien a través de quejas presentadas por la ciudadanía, bien en función de expedientes incoados de oficio a iniciativa de la propia Institución.
La tutela del Ordenamiento jurídico aragonés está orientada a evitar su inaplicación o deficiente aplicación, a la vez que incluye una necesaria labor de estudio y difusión del Derecho propio, en el que constituye una parte muy relevante el Derecho Foral. También, el Justicia de Aragón debe controlar el respeto de los reglamentos autonómicos al Estatuto de Autonomía y al resto del Ordenamiento jurídico aragonés.
Finalmente, el Justicia de Aragón también se distingue por su competencia en defensa del Estatuto de Autonomía frente a las posibles infracciones de sus preceptos por parte de normas y actuaciones del Estado y de otras Comunidades Autónomas.