Concepción Gimeno sugiere a la Administración que valore la posibilidad de financiar intervenciones en material de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha dirigido una sugerencia al Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón para que valore la posibilidad de hacer uso de las líneas presupuestarias de actuación para los bienes inmateriales del patrimonio cultural, en orden a financiar intervenciones en materia de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Igualmente, la Justicia de Aragón sugiere que, en coordinación con los departamentos con competencia en la materia, se tengan en cuenta las previsiones que recogen diversos preceptos la ley de lenguas de Aragón.

La sugerencia de la Justicia responde al escrito de queja de varias asociaciones culturales dedicadas a la promoción y defensa de las lenguas propias de Aragón y sus modalidades lingüísticas en la que manifestaban su preocupación con las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón en materia de fomento y protección de los derechos lingüísticos de la ciudadanía aragonesa.

Admitida a trámite con base en las competencias que la ley de lenguas de Aragón atribuye al Justicia de velar por la protección de los derechos lingüísticos y por la supervisión de las actuaciones de los poderes públicos sobre este particular”, la institución se dirigió al órgano competente de la Administración autonómica para recabar información.

Del informe remitido al Justicia, se desprende que la Administración no habría previsto partidas presupuestarias específicamente dirigidas a la conservación, protección y difusión de las lenguas y modalidades, lo que afectaría a la puesta en marcha políticas públicas orientadas a tales fines.

En la sugerencia, la Justicia de Aragón recuerda el marco normativo de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, desde el artículo 7 del Estatuto de Autonomía a la Ley 3/2013 de Ley 3 protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón y las prevenciones dirigidas a la Administración en esta materia. También apunta el compromiso de las administraciones públicas derivado de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, de 1992 y la propia Constitución Española.

Con todo, la Justicia de Aragón señala que existen previsiones legales que deberían ser tomadas en consideración por el Gobierno de Aragón en el ejercicio de sus competencias en materia de política lingüística y, por tanto, en la implementación de políticas públicas en esta materia.