El informe busca realizar una visión general de la situación de la seguridad en nuestro ámbito no urbano, para poner de relieve sus necesidades especiales.

La Institución propone la elaboración de estudios y análisis de la seguridad en el medio rural, que incluya, entre otros, el despliegue y distribución territorial, la atención a la ciudadanía y las formas de coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Zaragoza, 15/02/21

El Lugarteniente del Justicia ha entregado al Presidente de las Cortes el documento esta mañana en el Palacio de la Aljafería.

Los informes especiales se abordan con el fin de obtener un diagnóstico amplio sobre una problemática que afecte a un sector de la población, y tienen como objetivo aportar sugerencias y recomendaciones para mejorar la actuación de las administraciones con competencias en esa materia.

Desde el inicio del actual mandato en el Justiciazgo, se ha incidido de una manera especial en materias que afectan al medio rural aragonés pues, dadas nuestras características demográficas, hacen que la garantía de los derechos individuales y colectivos de su población requieran de una atención singularizada.

Fruto de esta preocupación llevó a que el primer Informe Especial  del mandato estuviera dedicado a la situación de la provincia de Teruel, y que los dos últimos tengan al territorio no urbano en su foco. Recientemente, el Informe Especial del Justicia sobre Sanidad en el Medio Rural fue presentado a las Cortes y reflejó los problemas que sufren, en mayor medida los pequeños municipios y localidades aragonesas, para acceder a una sanidad en igualdad de garantía.

El presente, aborda un asunto igual de relevante para los ciudadanos como es la seguridad;  y sus datos estadísticos muestran la realidad de la mayor parte de nuestro territorio, eclipsado como en otras ocasiones por las estadísticas que emanan de las capitales provinciales.

Como en el relativo a la sanidad, este Informe no pretende ser una enumeración de conclusiones, ni un análisis exhaustivo de las posibles soluciones a las problemáticas existentes, sino una herramienta de diagnóstico que pueda ser útil para las administraciones competentes en la materia.

A lo largo del mismo, se ahonda en el modelo de seguridad ciudadana utilizado en el medio rural de Aragón, se exponen las tasas de delincuencia que se dan en los municipios y se da a conocer la situación actual de las policías locales aragonesas.

También se afronta la participación de la Administración Autonómica en el modelo policial a través de las competencias que le son propias.

El informe, en la línea de los realizados en el mandato del Justicia Dolado se ha realizado con medios propios de la Institución, aunque en este caso desde la Institución queremos agradecer el trabajo de Óscar Antonio Muñoz Tabernero Intendente de la Policía Local de Ejea de los Caballeros (S.A.), Profesor Tutor de Derecho Constitucional en la UNED y gran experto en la materia desde lo teórico, pero también en lo práctico, así como el apoyo del Instituto Geográfico de Aragón, que se ha encargado de realizar los mapas que representan el posicionamiento geográfico de las tasas delictivas en Aragón.

Para finalizar, en el Informe se establecen unas conclusiones sistematizadas sobre la información analizada, y desde una actitud proactiva, se plantean una serie de propuestas para su estudio por parte de los organismos afectados:

1. No consta, al menos de carácter público, un estudio sobre la delincuencia que se da en las zonas rurales aragonesas, lo que puede dificultar la toma de decisiones sobre un modelo de seguridad. Por ello se propone la elaboración de estudios y análisis de la seguridad en el medio rural, que incluya, entre otros, el despliegue y distribución territorial, la atención a la ciudadanía y las formas de coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. De este modo se contaría con una herramienta objetiva basada en el estudio y análisis de datos que permita conocer mejor la problemática de las distintas zonas y una mayor optimización de los recursos.
2. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la seguridad en el medio rural aragonés es el bajo asentamiento poblacional. Lo que a su vez supone un efecto motivador para el delincuente. Dado que los medios personales son limitados, se propone incorporar a los municipios otro tipo de medidas de seguridad como puedan ser la instalación de sistema de videovigilancia que vengan a complementar el trabajo realizado por los agentes.
3. La falta de agentes policiales se ha comprobado que afecta con carácter general a todas las administraciones, pero parece verse más agravado en la Guardia Civil, donde unas plantillas reducidas tienen que cubrir grandes zonas geográficas. Por ello se propone aumentar el número de agentes de la Guardia Civil tras los estudios, análisis y reorganización oportunos.
4. A lo largo del informe se ha trabajado con los datos que cuentan en las estadísticas oficiales, pero se ha tenido constancia que son muchos los hechos delictivos que no se denuncian por entender que no se van a investigar o por las dificultades que supone presentar una denuncia. Ello provoca una distorsión en los datos que no se adapta a la realidad entendiendo que se debería de promover la presentación de denuncias sobre todos los ilícitos penales conocidos.

5. Actualmente es habitual encontrarnos puestos de la Guardia Civil cerrados por no disponer de personal para atenderlos o bien con un único agente dedicado a la protección del puesto. Con base en ello y a pesar del rechazo que pueda existir a esta medida, sería necesario valorar la idoneidad de mantener 122 puestos en la actualidad. Hecho que dificulta, cuando no impide, que existan patrullas de seguridad ciudadana dedicadas a atender los servicios. A su vez se debe valorar la eficacia y eficiencia del servicio, pues no debemos olvidar que el fin principal de la fuerza pública es garantizar la seguridad ciudadana, no el asentamiento de la población, pues para ello las administraciones pueden llevar a cabo otro tipo de medidas de estímulo.
6. En Aragón contamos con 36 efectivos de los grupos Roca, si bien, los mismos no son puestos de nueva creación, sino que se detraen de las patrullas de seguridad ciudadana. Por lo que para poder afrontar de una manera óptima las funciones encomendadas, dichas plazas deben ser de nueva creación, sin ser detraídos de sus unidades de origen.
7. En Aragón contamos con pocos Cuerpos de Policía Local y a su vez con un reducido número de efectivos, lo cual dificulta la prestación del servicio en turnos de 24 horas. Como medida para paliar dicha problemática, se propone el estimular la agrupación de municipios limítrofes para la prestación del servicio de Policía Local. De este modo se obtendría una mayor presencia policial en los municipios agrupados que pudiera llegar a cubrir los turnos completos.
8. La falta temporal de efectivos en las plazas de Policía Local como consecuencia de la renuncia a las mismas es uno de los principales problemas que nos han trasladado desde los Ayuntamientos. Por ello se propone como medida de carácter temporal y extraordinaria el promover la figura del interno y la comisión de servicios para atender circunstancias puntuales y extraordinarias.
9. Por otro lado, la dificultad para la cobertura de plazas tras finalizar los procesos selectivos es otra de las problemáticas trasladadas a esta Institución. Para ello se propone que los procesos selectivos de los ayuntamientos se lleven a cabo mediante la convocatoria única, de este modo se reduciría notablemente el abandono de las plazas.
10. La Dirección General de Interior y Protección Civil tiene entre sus cometidos la coordinación de las policías locales, si bien, hasta la fecha no se ha llevado a cabo una apuesta decidida por un modelo policial para Aragón, lo que sin duda supone un esfuerzo adicional de dicha Dirección. Por ello sería necesaria una dotación adecuada y dimensionada al reto que se le propone.

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