Tras su entrega al Presidente de las Cortes de Aragón, se ha realizado una presentación del mismo en la sede del Justiciazgo

La especial demografía aragonesa ha llevado a la Institución a profundizar mediante este Informe Especial en una materia que de forma coordinada se ha tratado desde las defensorías del pueblo de toda España

Es un sentimiento compartido por todos que la sanidad pública en nuestro territorio rural debe ser objeto de especial prioridad y protección, y que debería ofrecer tanto una respuesta integral a sus usuarios como una atractiva oportunidad de desarrollo para los profesionales que ejercen en ella su labor.

Zaragoza, 07/11/22

Los informes especiales del Justicia se abordan con el fin de obtener un diagnóstico amplio sobre una problemática que esté afectando a un sector de la población, y tienen como objetivo aportar sugerencias y recomendaciones para mejorar la actuación de las administraciones con competencias en esa materia, y con esos mismos fines con carácter anual, se realizan las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo.

Estas entidades propusieron en 2020 analizar la sanidad en el ámbito rural. Aplazadas las Jornadas por la situación de pandemia, y con una mayor disponibilidad en el tiempo, desde nuestra Institución se entendió que independientemente de las aportaciones que pudiéramos realizar, y dadas las características territoriales y demográficas aragonesas, era necesario reflejar en un estudio la situación de asistencia sanitaria en nuestro medio no urbano, considerando a este para este trabajo a las zonas básicas de salud aragonesas con una población menor a 10.000 habitantes.

Dicho Informe se entendió más necesario todavía cuando la mayor parte de las quejas presentadas al Justicia relativas a la sanidad en las zonas rurales son motivadas principalmente por la no cobertura de las plazas de médico de familia y de pediatra de atención primaria o por la preocupación que para los ciudadanos de estas zonas generaban las carencias o deficiencias en la atención urgente.

En las zonas rurales del estudio la atención sanitaria se ofrece principalmente por los servicios públicos de salud y una de sus garantías es la de extensión de sus servicios a toda la población: en este informe se analiza la atención de 227.489 habitantes repartidos en 594 municipios y 685 localidades y se realiza a través de 66 centros de salud y 724 consultorios.

Se ha buscado que este Informe resultase transversal y adaptado de una forma especial a las cuestiones que los ciudadanos han venido trasladando a la Institución en los últimos ejercicios, enfocando de manera singular a la atención primaria, pues representa el primer y más cercano nivel de contacto con el sistema público.

En su elaboración se ha contado con la colaboración del Gobierno de Aragón, tanto del Departamento de Sanidad como del de Ciudadanía y Derechos Sociales, los colegios profesionales de medicina, enfermería, farmacia y fisioterapia, entidades privadas residenciales, y especialmente de los Ayuntamientos.

Pues estos últimos, además de responsables de los consultorios (asumiendo un alto coste en proporción con sus recursos económicos), constituyen el nivel administrativo y representativo más cercano a la ciudadanía y, por tanto, el mejor conocedor respecto a la percepción de sus vecinos respecto a los servicios que reciben.

De la suma de nuestros propios expedientes, la información aportada por las entidades consultadas, las visitas realizadas por el equipo del Justiciazgo y la diversa documentación examinada se constata, una vez más, que la dispersión geográfica en Aragón condiciona la oferta de los servicios públicos.

Pero, dado que a dicha dispersión se une una mayor utilización de los servicios sanitarios por parte de la población de edad avanzada y  que se trata del rango mayoritario en este ámbito rural, la problemática aumenta de forma exponencial.

Las dificultades de la Administración para cubrir las plazas vacantes, debido a la escasez de médicos de familia y pediatras de atención primaria, afecta especialmente a las zonas rurales, teniendo que recurrir a las auto coberturas para sustituir las vacaciones y permisos de los profesionales o incluso llegando a tener que cerrar puntos de atención debido a la falta de profesionales.

La especialidad de Medicina familiar y comunitaria, además de ser una de las ejercidas por facultativos de mayor edad (más del 50% de los profesionales objeto del Informe son mayores de 55 años), parece resultar poco atractiva para los médicos que empiezan la formación MIR, pues en la última convocatoria se quedaron sin adjudicar 200 plazas.

Este desequilibrio actual entre la oferta y la demanda de profesionales sanitarios es un problema que afecta a nivel estatal a pesar del incremento del número de plazas ofertadas en los últimos años y, teniendo en cuenta los años que dura la formación, es necesario adoptar otras medidas para cubrir las plazas que en la actualidad están vacantes y garantizar el relevo generacional de los próximos años.

En el medio rural, las medidas aprobadas por la Administración para paliar la falta de facultativos de atención primaria e incentivar la cobertura de puestos de difícil cobertura no están dando en la actualidad los resultados esperados, y de ello es consciente el conjunto de administraciones, por lo que es necesario seguir buscando alternativas y/o propuestas que palien la situación.

En una Institución que ha mostrado siempre una especial sensibilidad por nuestros menores y mayores, preocupa que no esté garantizada la asistencia por médicos pediatras a los menores de 14 años en todo nuestro territorio, o que pueda hacer una arriesgada apuesta para la solución de algunos de estos déficits exclusivamente en el uso de nuevas tecnologías, cuando somos conocedores de que estas suponen una brecha entre administración y ciudadanía en todos los ámbitos para nuestros mayores.

Para el Justiciazgo, la realización de este Informe comenzó con un interés en ahondar en esta problemática general de una manera más pormenorizada en nuestra Comunidad, sin embargo, creemos que su resultado debe convertirse en una herramienta útil para todas las administraciones y agentes implicados.

Entendemos que es un sentimiento compartido por todos que la sanidad pública en nuestro territorio rural debe ser objeto de especial prioridad y protección, y que debería ofrecer tanto una respuesta integral a sus usuarios como una atractiva oportunidad de desarrollo para los profesionales que ejercen en ella su labor.

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