“MIRAR A LOS OJOS DEL CIUDADANO Y PISAR EL TERRITORIO”

En la mañana de hoy se procede a la entrega a la presidenta de las Cortes de Aragón del Informe Anual del Justiciazgo correspondiente al año 2023, cumpliendo con ello en plazo con la obligación establecida en la ley reguladora del Justicia de Aragón, en esta ocasión en los seis días primeros de los treinta que fija la norma para realizar dicha entrega, y ello ante el inminente nombramiento y toma de posesión de la nueva titular de la institución en próximas fechas, queriéndose poner punto final al trabajo del equipo de la defensoría iniciado en abril de 2018, cuando fue elegido como justicia Ángel Dolado, y en especial el de este año 2023, en que la institución ha estado gran parte en “sede vacante”, tras su ausencia por enfermedad y definitiva renuncia al cargo el 2 de junio, asumiendo el lugarteniente las funciones del justicia.

El informe deberá en su caso ser expuesto oralmente ante el pleno de la Cámara, obligación legal que no ha ocurrido este año 2023 (tampoco lo fue en el 2022), al no ser convocados a la sesión específica del parlamento que fija el artículo 37 de la ley reguladora del Justiciazgo.

El lema de este informe “Mirar a los ojos al ciudadano y pisar el territorio”, pretende poner de relevancia, a la vista del trabajo realizado por el equipo del Justiciazgo en el pasado 2023, tanto fruto de las quejas ciudadanas como de las actuaciones de oficio y la elaboración de distintos informes, la necesidad de contar con una administración que atienda al ciudadano directamente y en lo posible de forma presencial, sin que se produzca la sensación de olvido o inaccesibilidad que muchos aragoneses manifiestan sentir, y ello de acorde siempre a sus necesidades concretas y singulares, y que se realice a lo largo de todo el territorio aragonés, sin discriminación alguna se viva en entorno urbano o rural.

Los números, que una vez más debemos señalar tienen una relativa importancia para analizar el trabajo anual de esta institución, son similares a los de años anteriores. Así, se han abierto 1745 nuevos expedientes frente a los 1721 del año anterior, tramitándose un total de 2.278 expedientes, y se han dictado 173 resoluciones, entre sugerencias recomendaciones y recordatorios de deberes legales, de las cuales únicamente 16 han sido expresamente rechazadas por la administración.

Por materias cabe destacar las que mayor número de quejas han ocasionado, o, que por su importancia, se consideran más relevantes (entre paréntesis el número de expedientes, en aquellas áreas con más de 100):

• SANIDAD (252): Retrasos en la realización de pruebas diagnósticas y trato dispensando en los servicios de atención al paciente en cuanto al derecho a la información.
• SERVICIOS SOCIALES (166): Junto al anterior área es el ámbito mayor de trabajo. Destacan las quejas abiertas en cuanto a los criterios económicos IMV/IAI, la tramitación de los bonos eléctricos y térmicos, y continúan los retrasos en valoración de los grados de discapacidad. Este año se ha puesto en marcha en materia de discapacidad la fundación pública que asume las tutelas y curatelas, y en el ámbito de mayores se siguen produciendo quejas en el acceso y funcionamiento de las residencias, y ha sido intenso el trabajo del Observatorio Aragonés de la Soledad.
• EDUCACIÓN (162): Las principales materias han sido respecto a transporte escolar y reagrupación familiar en escolarización, junto a temas tan mediáticos como el Colegio María Zambrano o la situación de Caneto.
• SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTES (152+6): Siguen siendo recurrentes las quejas en cuanto a las coberturas y prestación de servicios de telefonía en ámbitos rurales, y los problemas en las rutas de transporte tanto urbanos como interurbanos.
• FUNCIÓN PÚBLICA (133): Los procesos de estabilización de interinos y los distintos procesos de acceso al empleo público.
• SEGURIDAD SOCIAL (131): Problemas de cita previa y brecha digital (en coordinación con el Defensor del Pueblo) y dificultades de tramitación de las pensiones no contributivas.
• INTERIOR (113): Continúan quejas procedentes de sanciones en pandemia, y existe un grupo relativo a la regulación de “peñas” y bienestar animal.
• JUSTICIA (102): Las dificultades de conseguir cita en los Registros Civiles, especialmente en asuntos de nacionalidad, y el funcionamiento de los Servicios de asistencia jurídica gratuita.
• HACIENDA (102): Tras muchos años con alta conflictividad en materia del ICA, aunque aún se produce alguna queja al respecto, son impuestos más comunes (IBI, IRPF, etc..) los que han centrado la actividad, y en particular embargos a ellos relativos.
• VIVIENDA: Insuficiencia de un parque público de vivienda en alquiler, en especial en el ámbito rural, y retrasos en las ayudas; junto a ello la problemática de las viviendas en situación de ruina en el ámbito rural y su conservación o derribo.
• CULTURA Y PATRIMONIO: Quejas relativas a la conservación y protección del patrimonio especialmente en el ámbito rural.
• CONTRATACION: Escasa incidencia de quejas en esta materia, destacando las relativas a contratos menores.
• DERECHOS: En el ámbito de los derechos políticos continúan los problemas en cuanto a facilitar el trabajo de oposición de los concejales de distintos ayuntamientos, y la existencia de diversos expedientes en base a la ley de Memoria Democrática.
• IGUALDAD: Expedientes relativos a la publicidad y ejercicio de la prostitución, y las dificultades que se dan para acreditar situaciones de vulnerabilidad en violencia de género, trata, etc.
• COMERCIO: Continúan las quejas puntuales en materia de consumo.
• OBRAS PÚBLICAS: Siguen produciéndose quejas en cuanto la situación de mantenimiento y conservación de la red de carreteras; también destaca el número de quejas en relación con la afección a propiedades particulares de obras municipales en distintas localidades.
• MENORES: Se ha realizado visita al total de centros de acogimiento y reforma, se continúan con las listas de espera en atención temprana y siguen existiendo quejas relativas a los puntos de encuentros familiares. Se espera poder presentar en la primavera el informe anual de infancia y adolescencia.

El Informe Anual del Justiciazgo contempla igualmente el resto de obligaciones a él legalmente impuestas, y la memoria de toda su actividad. En este sentido se recoge, dentro de la misión de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, el total de sentencias dictadas en el año 2023 en los recursos de casación foral, y las quejas presentadas respecto al derecho foral aragonés. Igualmente recoge las sentencias del Tribunal Constitucional que pueden afectar a Aragón.

Las materias específicas de menores, igualdad y derechos históricos, respecto de las cuales distintas normas obligan a su expresa presencia en el Informe Anual, gozan de apartados específicos. Igualmente se recoge un apartado del cumplimento de la ley de transparencia, recogiéndose los problemas de funcionamiento del Consejo aragonés en la materia.

Se detalla igualmente en el informe entregado la actividad institucional, formativa editorial, divulgativa, etc., al igual que se cumple con la obligación de exponer la liquidación del presupuesto anual 2023 del Justiciazgo, el cual se ha ejecutado en un 88,03%, de tal forma que de los 2.088.406 presupuestados, únicamente se han gastado 1.924.708 euros.

Actuaciones en cuanto a la reducción de la huella de carbono de la Institución, su plan de igualdad, la implementación de la RSC, el plan de autoprotección o la puesta en marcha del sistema de información y protección del denunciante, son materia que encuentran en el informe su explicación puntual.

Se da cuenta por último en anexos del total de datos estadísticos de la actividad del año 2023, y detalladamente las actividades realizadas, tanto por el lugarteniente como por el resto de personal de la institución.

Zaragoza, a 6 de febrero de 2024.