La institución considera que sería oportuno asegurar que la atención prestada a estos pacientes resulte coherente con el reconocimiento de la enfermedad como crónica

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, para que, en el marco de sus competencias y de los recursos disponibles, revise y refuerce el dispositivo asistencial dirigido a las personas afectadas por COVID persistente.
En la actualidad, existe una consulta monográfica de referencia autonómica que desde su puesta en marcha el 17 de diciembre de 2024 ha realizado 2.030 citaciones: 1.295 primeras vistas y 735 revisiones, según datos del Departamento.

La actuación del Justicia llega tras la queja de la Asociación Long COVID Aragón que considera que la atención sanitaria a este tipo de pacientes resulta insuficiente. La entidad asociativa entiende que el recurso con el que cuentan –una consulta única en la provincia de Zaragoza con cinco profesionales: enfermera gestora de casos, internista, psicóloga, médico rehabilitadora y fisioterapeuta– es limitado al no constituir una verdadera unidad multidisciplinar y, entre otras demandas, solicitan seguimientos anuales, mayor coordinación entre asistencia e investigación, formación específica para profesionales, y extensión del servicio a Huesca y Teruel.

Por su parte, el Departamento de Sanidad explica que sí existen criterios clínicos para valorar la enfermedad en el Plan de Atención para las personas diagnosticadas de condición post-Covid19 en Aragón, actuaciones para favorecer la investigación ligada al COVID persistente, así como formación específica en esta materia con sus profesionales.
En su sugerencia, la justicia Gimeno recuerda al departamento de Sanidad la Declaración Institucional de las Cortes de Aragón sobre COVID persistente, de junio de 2024, al objeto de sensibilizar acerca de las necesidades de estos pacientes e instar a las instituciones públicas a adoptar medidas para mejorar su calidad de vida y una iniciativa similar del Congreso de los Diputado de 28 de noviembre de ese mismo año. “Las declaraciones institucionales y proposiciones no de ley no crean derechos exigibles, pero sirven como referencia para valorar la necesidad y prioridad de medidas sanitarias”, indica la sugerencia.

La institución reconoce los esfuerzos organizativos y presupuestarios que el Gobierno de Aragón y el Departamento de Sanidad vienen realizando para reducir las listas de espera y dotar a la Sanidad pública de suficientes médicos especialistas, aunque sigan resultando esenciales mejoras sustanciales. En este sentido, y en relación con la queja, la institución considera que existen aspectos de la actividad sanitaria susceptibles de mejora, en línea con lo expuesto por la entidad asociativa, por lo que insta a que se revise y refuerce el dispositivo asistencial dirigido a las personas afectadas por COVID persistente.