La Institución precisa que no ha podido determinarse de forma fehaciente la titularidad del edificio

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha sugerido al Ayuntamiento de Zaragoza que valore ejercer sus potestades urbanísticas sobre el edificio del antiguo centro de salud «Inocencio Jiménez», situado en la calle Mosén Manuel Oliver Altavas, y que adopte las medidas necesarias para garantizar su conservación en las debidas condiciones de seguridad, salubridad e higiene.

La resolución responde a la queja de un ciudadano que alertó del estado de abandono del inmueble. En el escrito se describían accesos incontrolados al interior del edificio, sustracción de materiales, presencia habitual de personas en la azotea y la falta de un cerramiento adecuado. Según el promotor de la queja, esta situación estaría generando un riesgo para la seguridad ciudadana, además de problemas de insalubridad.

A petición de la Institución, el Ayuntamiento de Zaragoza trasladó la solicitud de información a la Policía Local. Este cuerpo comunicó que en marzo de 2024 ya había requerido, a través de la Junta Municipal de Oliver Valdefierro, que la propiedad adoptara medidas para impedir el acceso al interior. La Policía Local añadió que desde entonces constan varias intervenciones por el acceso de menores y por la sustracción de materiales en el inmueble.

En sus consideraciones jurídicas, la resolución recuerda que la Ley de Urbanismo de Aragón obliga a los propietarios a conservar sus inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. La misma norma encomienda a los ayuntamientos velar por el cumplimiento de ese deber, para lo que pueden dictar órdenes de ejecución, acordar la ejecución subsidiaria y adoptar las medidas precisas para garantizar la seguridad pública.

La Institución precisa que no dispone de información concreta y exacta sobre la titularidad del inmueble. No obstante, la justicia de Aragón advierte de que, ante un eventual riesgo inminente, el deber de conservación del edificio en condiciones de seguridad prevalece. En esos supuestos, la Ley de Urbanismo de Aragón habilita a la Administración local para adoptar las medidas urgentes y necesarias con el fin de evitar situaciones de riesgo para las personas y los bienes.

En sus consideraciones, la resolución estima necesario que la entidad local requiera a la propiedad para que mantenga el inmueble en condiciones óptimas de seguridad, salubridad y ornato y, en particular, proceda a su cerramiento adecuado y eficaz para evitar el acceso ilegal a su interior.