El Justicia ha presentado el Informe sobre las Residencias de personas mayores en Aragón durante el estado de alarma por el Covid-19

La finalidad de este informe es conocer el impacto del Covid-19, durante el periodo de estado de alarma, en las personas que viven en residencias en Aragón, así como la afectación a profesionales y familiares

 

Zaragoza, 22/09/20

 

El interés y preocupación para los derechos de las personas mayores es una constante del actual Justicia de Aragón, como se ha venido mostrando a través de diferentes iniciativas entre las que destaca lo relacionado con situaciones de soledad y estancia en residencias de mayores. Hay que tener presente que este compromiso del Justicia de Aragón, se ve acompañado e impulsado por las continuas quejas de la ciudadanía relacionadas con esta problemática.

Este año 2020 estaba previsto centrar una parte del trabajo de esta Institución en las residencias de personas mayores, y para ello se había iniciado un plan de visitas a las mismas, que fue suspendido ante la aparición de contagios, previo al estado de alarma, realizándose la última el día 9 de marzo a la una residencia en la Almunia de Doña Godina, ya con el virus dentro de nuestra sociedad.

La pandemia producida por el Covid-19 y la crisis sanitaria consiguiente, ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores, y de forma especial a quienes están en residencias, como refleja que el 80 % de las personas fallecidas en Aragón lo haya sido en éstas.

Por ello, el Justicia de Aragón, acordó abrir un expediente de oficio, para analizar más en profundidad esta problemática, que de forma tan grave está afectando a las personas mayores que viven en residencias; conocer con ello las actuaciones que se están llevando a cabo, por parte de las administraciones públicas competentes en esta materia y recoger las valoraciones que realizan las entidades que gestionan directamente las residencias.

Para ello se seleccionaron 98 residencias a las que se dirigió una carta del Justicia de Aragón, justificando la apertura de expediente de oficio y solicitando su colaboración.

Se centro el cuestionario en la experiencia durante el Estado de Alarma (del 14 de marzo al 30 de junio de 2020), y se fijó como plazo de respuesta hasta el 30 de julio, si bien, como se puede apreciar por algunas de las aportaciones, este plazo fue superado, de tal forma que se hacer aportaciones teniendo en cuenta ya el inicio de los rebrotes en alguna residencia, durante el verano.

Teniendo en cuenta las propuestas planteadas, elaborar sugerencias y recomendaciones de mejora de cara al futuro, a un futuro que ya es hoy, pues, desgraciadamente esta crisis es una situación que permanece y condiciona nuestras vidas y sociedad, pero que afecta de forma especial a quienes están y son más vulnerables, las personas mayores que viven en residencias en Aragón.

Quizás ha llegado el momento de plantearse alternativas al fenómeno residencial tradicional al que parece ser se ha tendido en España de forma mayoritaria como casi única alternativa, del tipo ya implementadas en otros países, en especial del norte de Europa.

Y en este sentido, la implicación de las familias adquiere vital importancia. Esta sociedad “urbanita” y estresante ha supuesto que aquello que antes era normal: cuidar en casa de nuestros mayores, se nos antoje ahora imposible por falta de espacio en las viviendas y tiempo ante horarios de trabajo extenuantes.

El respeto y cuidado a las personas mayores, en especial a las que viven solas y están enfermas o con problemas de salud cronificados es un tema que debería estar dentro del debate social. No podemos derivar esta responsabilidad colectiva solo a los sistemas asistenciales, debemos preguntarnos qué sociedad queremos y cómo vamos a sostenerla en términos intergeneracionales.

 

 

ANEXO 1 CONCLUSIONES

 

  1. El número de personas fallecidas en centros residenciales de mayores en Aragón, no tiene una correlación lógica con las defunciones de otros sectores de la sociedad en sus domicilios particulares, al igual que no lo tienen las situaciones de deterioro y sufrimiento acaecidos en dichos ámbitos residenciales durante la pandemia del Covid-19, lo que debe llevar a la adopción de medidas para evitar su repetición.
  2. Los centros residenciales de mayores son los “hogares” de quienes en ellos residen y, por lo tanto estas personas han de tener idéntico acceso a la asistencia sanitaria que tienen quienes residen en su domicilio particular y, sin embargo, no parece que se haya entendido así en muchos casos; en los más graves, afortunadamente minoritarios, ha existido incluso inacción respecto a la asistencia sanitaria “in situ” en las residencias por partes de los servicios de los centros de salud públicos a los que estaban asignados los residentes.
  3. El marco jurídico diseñado para hacer frente a la pandemia, se ha encontrado con una casuística de centros muy dispares, que ha dificultado su aplicación.

Un ejemplo es la inadecuación de algunos los inmuebles, a los efectos de cumplir de las que se han convertido en necesarias normas de sectorialización de las residencias (habilitaciones de compartimentos diferenciados y no comunicados en un mismo inmueble), resultando en ocasiones difícil, cuando no imposible, la zonificación de las mismas; como para las medidas de desescalada del confinamiento, repercutiendo en medidas más agresivas para los residentes, como han sido los aislamientos en sus habitaciones durante semanas, e incluso meses.

  1. Se ha producido una falta de protocolos adecuados para enfrentarse a situaciones de emergencia como la vivida, en especial respecto a utilización y tenencia de EPI´s y situaciones de baja laboral del personal.
  2. Se ha puesto de manifiesto una escasez de profesionales suficientemente cualificados en muchos centros residenciales, con ratios escasas, sin que se tenga en cuenta en éstas las reales funciones que cada trabajador realiza. Es preciso un reconocimiento y mejora de sus condiciones de trabajo y su sistema de formación y progresión profesional.
  3. En las primeras semanas de la pandemia, existió una falta de coordinación entre los Departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales y Sanidad, del Gobierno de Aragón, faltando una red clara para la transmisión de información y directrices desde las administraciones públicas responsables a los centros, ya fueran públicos, pero en especial a los privados.
  1. Las prolongadas estancias en sus habitaciones, más los confinamientos en algunos de los centros residenciales, y la prohibición de visitas a los usuarios, han llevado en la práctica a verdaderas limitaciones de derechos fundamentales de los residentes, que aún que pudiendo ser consideradas necesarias para evitar trasmisiones del virus, han colocado a los residentes en situaciones de “cuasi arresto domiciliario”, en condiciones muchos más restrictivas que el resto de ciudadano, por la única razón de su ámbito de residencia.
  2. Las medidas adoptadas tras las primeras semanas por parte de los servicios sociales y sanitarios públicos, incluida la intervención de algunos centros y el apoyo sanitario, se ha mostrado adecuada pero no siempre suficiente.
  3. Los centros intermedios, Covid, se valoran positivamente siempre y cuando estén plenamente integrados dentro del sistema sanitario y ello no suponga una merma de derechos como ciudadano, debiéndose quedar claramente establecida su naturaleza jurídica y dependencia orgánica, como sus protocolos de funcionamiento, y en especial de acceso a ellos.

 

 ANEXO 2. PROPUESTAS

 

  1. Es preciso profundizar en la redefinición del modelo asistencial para los ciudadanos mayores que afrontan su último estadio vital con una imposibilidad de vida en su entorno doméstico habitual. Esta tarea ha de ser liderada por las administraciones públicas competentes en servicios sociales y sanidad de forma conjunta, pero teniendo clara la participación de la sociedad a través de sus diferentes agentes, pues solo desde una implicación social es posible abordar un modelo que ha de suponer cambios en los cuidados de las personas y sus múltiples afecciones transversales (económicas, formativas, sanitarias, arquitectónicas..), como ya se puso en evidencia en las conclusiones de la “Mesa del Justicia sobre los mayores en soledad”. Mientras tanto, se ha de seguir profundizando en la implantación de un modelo de “atención centrada en la persona” y en sus derechos.
  2. Se debe seguir impulsando la máxima permanencia de nuestros mayores en su entorno doméstico, como una prioridad para las personas, para lo que las administraciones públicas, deberán implementar los recursos materiales y personales que fueren precisos para una atención integrada en domicilio, (SAD, atención sanitaria, teleasistencia, apoyo a las familias, voluntariado, etc), evitando situaciones de institucionalización en centros no necesarias. Estos servicios se deberían hacer extensivos a personas mayores no dependientes en situación de riesgo.
  3. Que las administraciones públicas competentes apoyen e impulsen los nuevos modelos convivenciales para personas mayores: viviendas compartidas, tuteladas, colaborativas, u otras similares, mediante actuaciones e inversiones directas, potenciación de actuaciones privadas, cesión de suelo público u otras medidas de apoyo.
  4. Los centros residenciales deben tener respecto a sus usuarios la consideración de su verdadero “hogar”, a los efectos de la atención primaria sanitaria y, en su caso, necesidades de asistencia hospitalaria, garantizando el derecho a la sanidad pública de todas las personas mayores en igualdad de condiciones. Los centros residenciales deberán estar directamente asignados a unidades sanitarias concretas, debidamente especializadas y con medios suficientes. Resulta necesaria la efectiva puesta en práctica y efectiva ejecución del protocolo de actuaciones entre el Departamentos de Sanidad y el de Ciudadanía y Derechos Sociales firmaron para el desarrollo de actuaciones conjuntas en centros residenciales con personas mayores y centros de personas con discapacidad, de 29 de julio de 2020, documento que se entiende de muy acertada redacción.

 

  1. Que se presupueste adecuadamente la ley de dependencia, con la financiación correspondiente por parte del Estado, con el correspondiente incremento de plazas concertadas y revisión de las tarifas de las residencias en Aragón. El estableciendo de precios de referencia desde la administración pública, teniendo en cuenta los servicios concretos a prestar en cada centro, con dotaciones adecuadas respecto de las plazas concertadas en los centros privados, deberá ser un objetivo a medio plazo.
  2. Realizar un estudio sobre la situación de todas las residencias en Aragón, y su capacidad para una adecuada atención en situación de pandemia, lo que permitirá establecer criterios obligatorios adecuados en cuanto a los recursos y servicios con que deben contar cada tipo de centro residencial, según servicios que se presten, condiciones y estado de necesidad de los usuarios, teniendo en cuenta su implantación territorial, en especial las peculiaridades demográficas del mundo rural aragonés, y proponiendo medidas correctoras en aquellas que no se garantice una atención basada en los derechos de las personas.
  3. Incrementar la profesionalización y dignificación del trabajo del personal en los centros residenciales; mejorando su formación y cualificación profesional, adecuada a sus funciones, estableciéndose desde las administraciones públicas recorridos formativos continuos, así como procesos de certificación y habilitación profesional. Aumentar las ratios de profesionales en la atención a las personas y mejorar sus condiciones laborales y salariales. Es preciso, en el efectivo desarrollo de su actividad, el personal que atiende en residencia de los centros de día para evitar contagios o cierres de un recurso esencial, cuando se comparte edificio.
  4. Reforzar la colaboración de las administraciones públicas competentes en esta materia, para una mayor eficacia de sus actuaciones, mediante el establecimiento desde las mismas de protocolos y guías de buenas prácticas para la gestión de situaciones de emergencia, con control de su difusión, conocimiento y puesta en práctica.
  5. Creación de redes de comunicación entre los servicios de las distintas administraciones, en especial desde el IASS, el Salud y las administraciones locales, con los centros residenciales.
  6. Potenciación de la participación de usuarios y familiares de estos en las medidas de gestión y funcionamiento de los centros residenciales, garantizando en todo caso la información continua a los familiares y promoviendo la comunicación durante periodos de aislamiento.

 

  1. Creación de un foro profesional continuo, con participación de las administraciones públicas y las entidades privadas del sector, que sirva para trasladar experiencias y soluciones.
  2. Potenciar los servicios de inspección y control sobre las residencias, tanto públicas como privadas; agilizando la tramitación de las medidas que sea preciso adoptar para garantizar el bienestar de las personas residentes, sin dilaciones procedimental indebidas.
  3. Durante la etapa de “nueva normalidad” y mientras persisten los contagios.

En cumplimiento de las normativas dictadas y protocolos elaborados y desde su verdadera ejecución, se propone:

  1. a) Que se garantice la dotación adecuada de EPIs, para cada residencia, por parte de las entidades responsables, supervisado por la Administración.
  2. b) Que se establezcan sistemas ágiles y operativos para la realización de pruebas diagnósticas tanto a residentes como a profesionales de las residencias.
  3. c) Apertura de los centros de día, con las medidas de seguridad adecuada y, si es posible, con personal diferenciado de la residencia, cuando se comparta edificio.
  4. d) Que toda residencia tenga su plan de contingencia, y los recursos necesarios para su aplicación, al día.
  5. e) Impulsar medidas, por la administración autonómica y local correspondiente, para dotar a todas las residencias aragonesas de espacios para el esparcimiento de las personas residentes, bien al interior o al exterior de la misma, agilizando las tramitaciones administrativas que fuesen necesarias.
  6. f) Establecer unos protocolos claros de derivación a los centros intermedios, Covid, para quienes no puedan ser atendidos en sus residencias o domicilios. garantizando su carácter intermedio y no sustitutorio de atención sanitaria por criterio de edad.
  7. g) Evitar, en la medida que sea posible, situaciones de aislamiento extremo de las personas residentes, manteniendo la comunicación con sus familias, y sobre todo, incrementar el número de actividades físicas, sociales y ocupacionales dentro de la misma residencia, reforzando los profesionales que sean necesarios para este fin.

 

DESCARGAR INFORME

 

Sin comentarios

Escribir un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies