La institución preguntará por los recursos residenciales en los que han sido reubicados, las condiciones y características de los mismos y las previsiones a medio plazo para estos menores. Con carácter previo a las detenciones y al cierre del centro, la institución había recibido una queja en la que se denunciaban abusos a menores, lo que motivó la reunión inmediata de Concepción Gimeno con la Fiscalía 

El pasado 24 de julio, El Justicia de Aragón recibió una queja por mail en la que se denunciaban abusos a dos menores internos en el Centro de Atención a Menores de Ateca por parte de algunos de sus trabajadores. Dada la gravedad de los hechos descritos, la institución contactó inmediatamente con la persona firmante de la queja para prestarle su apoyo y recabar todos los detalles. Una vez analizada la información, Concepción Gimeno se reunió con la fiscal superior de Aragón para poner los hechos en su conocimiento a los efectos de la posible apertura de diligencias.

En este tiempo, con la discreción debida al tratarse de un asunto relacionado con menores donde se denunciaban actuaciones que pueden ser constitutivas de delito, la Justicia de Aragón ha mantenido contacto con la Fiscalía que, en todo momento, se ha mostrado colaboradora.

Una vez conocida la detención del director de centro y de cuatro trabajadores por la presunta comisión de delitos graves, así como su cierre, la Justicia de Aragón se ha interesado ante la Administración por la situación de los menores que han sido realojados en otros recursos.

A estos efectos, Concepción Gimeno ha hablado esta mañana con la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, a quien ha informado de que la institución ha abierto un expediente de oficio para hacer seguimiento de la situación, en especial, de la de los menores que permanecen bajo la guarda y custodia de la Comunidad Autónoma y han sido reubicados en otros centros. Entre otras cuestiones, la institución se interesará por los recursos residenciales en los que han sido reubicados, las condiciones y características de los mismos y las previsiones a medio plazo para estos menores.

La consejera ha mostrado su plena disposición a colaborar con la institución en el objetivo compartido de garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que permanecen bajo la guarda y custodia de la DGA.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a la Justicia de Aragón mostrando su preocupación por estos hechos y el interés por mantener una vía de comunicación abierta.