Las XXXVII Jornadas de Defensorías del Pueblo finalizan en Vitoria con el ‘Decálogo de la buena Administración’
La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha firmado junto al resto de los titulares de las defensorías este documento que busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y prevenir el deterioro del sistema democrático
Las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo han llegado a su fin después de tres días de debate en Vitoria. El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y los responsables de las nueve defensorías autonómicas, incluida El Justicia de Aragón, han firmado un decálogo de la buena administración que busca un cambio de paradigma para que la ciudadanía esté en el centro de las actuaciones administrativas.
En el ejercicio de sus funciones, las defensorías han detectado un incremento de quejas que refieren situaciones de “mala administración sistemática”. Esto se debe, según se ha podido analizar estos días, a la deficiente asignación de recursos humanos y materiales, así como al diseño de los procedimientos y a la manera de actuar de las administraciones. En este sentido, recuerdan que la actividad de los servidores públicos debe garantizar el derecho de las personas a ser oídas, a recibir información comprensible y a participar activamente.
La buena administración, según el decálogo, exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas y que estas sean transparentes y permitan la participación de la ciudadanía. La buena administración es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa tanto con la ciudadanía como con las defensorías. Además, exige actuar con equidad y sin discriminación, asumir los propios errores y reparar el daño causado, la dotación de recursos humanos adecuados o incorporar la innovación tecnológica y los beneficios de la inteligencia artificial.
El decálogo también recoge la necesidad de escuchar la voz de los jóvenes “facilitando su participación en las decisiones que les afectan” y respetar el derecho de las personas mayores a seguir tomando parte en las decisiones sobre sus proyectos vitales. Los diez defensores se comprometen a aplicar el decálogo de la buena administración en su labor cotidiana.