Concepción Gimeno ha señalado que el acceso a la vivienda se ha convertido en una aspiración inalcanzable para la población más joven y la más vulnerable

Los ponentes coinciden en que la vivienda es un verdadero derecho subjetivo, pero necesita leyes que establezcan obligaciones de resultado para las administraciones

El Palacio de la Aljafería ha acogido un productivo debate sobre la vivienda con la celebración del VI Foro de Derechos Ciudadanos, organizado por el Justicia de Aragón y la Fundación Manuel Giménez Abad. El tema de este año ha sido elegido ante la necesidad y la urgencia de hacer frente con todos los recursos posibles al problema de la vivienda.

Antes de que los cinco expertos convocados aportaran sus diferentes puntos de vista desde una visión ética, legislativa y de usabilidad, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y el secretario general de la fundación, José Tudela, han inaugurado la jornada. La justicia de Aragón ha comenzado exponiendo que, a pesar de que el derecho a la vivienda está protegido constitucionalmente, se ha convertido en una “aspiración inalcanzable” para la población más joven y la más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico.

“Si ser vulnerable económicamente no conlleva directamente una exclusión social, creo que no tener un hogar sí conduce a dicha situación”, ha continuado la justicia de Aragón, que ha defendido que se está ante un enorme desafío social que exige una actuación urgente, comprometida sin fisuras en su solución y en cuyo compromiso debemos estar involucrados todos y las administraciones públicas en primer lugar.

Concepción Gimeno ha finalizado su intervención instando a despertar una conciencia social que asuma y comparta que una sociedad avanza cuando todos sus miembros tienen esa posibilidad de avance y tienen la esperanza de ser ciudadanos de pleno derecho.

La catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona, Victoria Camps, ha defendido durante su intervención que la solución al problema de la vivienda exige voluntad política, pero también ciudadana, y que los más poderosos se comprometan con una sociedad que conciba la vivienda como valor de uso y no de cambio.

La siguiente en participar en el foro ha sido la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, María Pía Canals, que ha cifrado en 47.000 los jóvenes que no se pueden emancipar en Aragón por la falta de vivienda y ha subrayado que “los poderes públicos tienen la obligación de intentar solucionar el problema”.

Para cerrar esta mesa redonda, la profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia Clàudia Gimeno ha defendido que el derecho a la vivienda es una condición necesaria para el disfrute de otros derechos fundamentales, lo que refuerza su interpretación como verdadero derecho subjetivo en España.

La segunda mesa redonda ha comenzado con Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo y codirector de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda de la Universidad de Barcelona. En su exposición, ha señalado la influencia de Europa en la legislación española sobre vivienda y, en concreto, los conceptos de interés general y de razones imperiosas de interés general para regularla y proteger el entorno. Igualmente, ha indicado que en España empezamos a vislumbrar la conexión entre el derecho urbanístico y el derecho a la vivienda y su confluencia en el derecho a la ciudad.

Para finalizar, Tomás Ramón Fernández, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, se ha referido a la relación entre la relación entre la legislación urbanística y el problema del precio de la vivienda. En este sentido, ha explicado que para bajar el precio de la vivienda hay que reducir el precio del suelo urbanizado con un urbanismo más modesto que exija menos cesiones al promotor porque acaban repercutiendo en el precio final de la vivienda. La jornada ha finalizado con un coloquio con los asistentes.