La justicia de Aragón conoce las propuestas para la mejora de la atención a la dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
La asociación ha presentado las 19 medidas en el Justicia de Aragón como defensor de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y también las trasladarán a la Consejería de Bienestar Social y al Parlamento aragonés
La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha recibido esta mañana en el Palacio de Armijo a los representantes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, quienes le han presentado casi una veintena de medidas para mejorar la atención a la dependencia en la Comunidad. En concreto, a la reunión han asistido el portavoz de la Asociación en Aragón, Gustavo García, y dos de las participantes del grupo de trabajo, Ana Abanto y Sandra Arauz.
La propuesta con las medidas de mejora también se presentará en la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico y en la Comisión del ramo en las Cortes de Aragón, pero, tal y como ha explicado Gustavo García, han querido presentarlo antes en el Justicia de Aragón como institución defensora de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.
La asociación ha explicado que las medidas se centran en agilizar los procedimientos y en mejorar la coordinación institucional y entre departamentos y que la mayoría no tiene coste. Igualmente, han insistido en que el objetivo de la iniciativa no es cuestionar la gestión ni pasada ni futura, sino plantear medidas en positivo pensadas para mejorar la atención a las personas. Las propuestas han sido redactadas por un grupo de trabajadores de servicios municipales, comarcales, provinciales y autonómicos, lo que ha permitido “contrastar cómo se ve desde la base y cómo lo ven quienes gestionan nuevos procedimientos”, según García.
Entre las medidas, destacan algunas como conectar la plataforma de la dependencia con la de Atención Primaria, homogeneizar los tiempos de gestión en las tres provincias, incorporar el informe médico al expediente de solicitud de valoración o la reforma de la norma actual de residencias que data de 1992.
